Proyecto de Ley Crea y Crece

La semana pasada se aprobó en El Congreso un nuevo proyecto enfocado a las PYMES, la Ley Crea y Crece. 

Se han introducido varias medidas y novedades en los trámites y requisitos para la creación de sociedades en el territorio español. 

Con el objetivo de luchar contra la morosidad, se han propuesto modificaciones en las condiciones para acceder a ayudas públicas.

Una de las condiciones trata de obligar a las pymes a realizar una auditoría para que se les concedan subvenciones y fondos europeos. El Gobierno se apoya en el hecho de regularizar de manera más exhaustiva. 

Esta auditoría exige estar al día con todos los pagos a la Seguridad Social, Hacienda y proveedores. De manera que el proyecto excluye a los autónomos con deudas. Un caso concreto, los negocios que quieran acceder a subvenciones superiores a 30.000 euros no podrán beneficiarse si incumplen los plazos previstos, es decir, dos meses. 

 

Beneficios y pérdidas

La obligación de esta auditoría ha sido criticada como una visión de criminalizar las pequeñas empresas, dado que perjudica directamente a las de menor tamaño y por lo tanto, menos recursos. 

Además, implica una burocracia más elevada que ralentiza la ejecución de los fondos. Las patronales ven este proyecto como una pérdida de acceso a ayudas europeas.

Por otro lado, distintas organizaciones valoran positivamente esta nueva obligación siempre que se enfoque hacia las grandes empresas, dado que son las que más suelen retrasarse en el pago con proveedores.

 

Acreditar a los negocios

La Ley Crea y Crece establece dos formas de acreditar cuando las empresas no son morosas en función de dos tipos de beneficiarios. En primer lugar, los que pueden presentar cuentas de pérdidas y ganancias abreviadas, y por otro lado, los que no. 

Los beneficiarios con dichas características, tendrán que presentar una declaración responsable conforme no tienen ningún pago pendiente siguiendo el plazo establecido de contrato o ley. 

Esta declaración será estudiada posteriormente. Como decíamos antes, este proyecto ralentiza y complica la ejecución de fondos, dado que se trata de un proceso más largo. Por esta razón, las patronales ven este proyecto como una pérdida de acceso a ayudas europeas. Tanto CEPYME como ATA hablan de este proyecto como una traba más. 

Para el control de las grandes empresas, éstas deberán acreditar la no morosidad mediante una certificación. 

 

¿Y los autónomos persona física? 

Evidentemente, como autónomos las características para poder beneficiarse de las ayudas son las mismas, es decir, deberán presentar la declaración de no morosidad.

La controversia entra en la manera de acreditar esta cualidad, dado que no se especifica que sea el mismo procedimiento para autónomos de persona física. Varios expertos ponen en duda la ambigüedad que se presenta en el proyecto para los autónomos de persona física. 

Así pues, reclaman trabajar más detenidamente en este caso.

 

Otras características del nuevo proyecto 

Se obliga a realizar cambio digital implementando obligatoriedad de factura electrónica.

De nuevo, las patronales alertan un conflicto sancionador por la realidad de limitaciones de digitalización en ciertas empresas con recursos reducidos. 

 

Teniendo en cuenta que hablamos de pequeñas y medianas empresas, como declara CEPYME, este proyecto incorpora medidas de dudosa eficiencia para que este tipo de empresas lleguen a las subvenciones y ayudas. 

Al mismo tiempo, el proyecto incluye aspectos positivos como el aumento de control de morosidad de grandes empresas.

 

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